Gobierno federal adjudicó monto a empresas sancionadas o de reciente creación: IMCO

CONTRATAN 9,800 MDP CON  PROVEEDORES “RIESGOSOS”

Subió riesgo de corrupción en 75 instituciones federales entre 2020 y 2021.

En 2021, instituciones del gobierno federal adjudicaron 9,836 millones de pesos a proveedores “riesgosos” catalogados así por ser empresas de reciente creación, sancionadas o con simulación de operaciones, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A través del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2021, el IMCO detalló que durante dicho año se asignaron 9,798 millones de pesos a empresas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas a menos de un año antes de recibir un contrato.

Con empresas y contratistas sancionados por la Secretaría de la Función Pública, por incumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), las instituciones a nivel federal contrataron 36 millones de pesos.

Mientras que también se adjudicaron 2 millones de pesos a empresas fantasma, las cuales de acuerdo con el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), suelen simular operaciones a través de domicilios fiscales inexistentes y no cuentan con personal, activos y capacidad material para prestar, realizar o entregar bienes y servicios.

“La asignación de contratos a través de adjudicaciones directas, la falta de publicación de documentos y la contratación de proveedores riesgosos son prácticas que indican fallas en las compras públicas del gobierno federal en los tres principios rectores: libre competencia, transparencia y cumplimiento de la ley”, subrayó el informe.

Análisis por organizaciones 

El informe advirtió que, entre 2020 y 2021, aumentó el riesgo de corrupción en sus compras públicas en 75 de 260 instituciones federales analizadas (29%).

Mientras que 22 organizaciones que gastaron más de 3,000 millones de pesos y las cuales representaron 82% del gasto total en compras públicas —lo que equivale a 389,359 millones de pesos—, presentaron un muy alto riesgo de corrupción en sus procesos.

Según el informe, entre las instituciones que gastaron más de 3,000 millones de pesos y que presentan mayor riesgo de corrupción se encuentran el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Casa de Moneda de México. Además del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el caso del Insabi se identificó que 43% de las adjudicaciones no cuentan con el documento del contrato publicado; 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación y 98% de sus compras no están publicadas en el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, lo que implica la imposibilidad de conocer el número y nombre de participantes por proceso.

Segalmex

Por otro lado, el documento subrayó el caso de Segalmex: Liconsa y Diconsa, entes que presentaron prácticas de compras riesgosas y retrocesos, ello al señalar que en 2021, Segalmex no priorizó la competencia, ya que 64% del monto contratado se adjudicó mediante modalidades de excepción y 17% de las licitaciones públicas contaron con un único participante y, en términos de transparencia, 83% de las licitaciones no cuenta con la totalidad de los documentos requeridos para asegurar que los plazos y los requisitos del concurso se cumplieron.

Para Liconsa se observó que en 2021, 83% del monto de las compras fue asignado a través de adjudicaciones directas (77%) e invitaciones restringidas (6%), lo que equivale a 3,733 millones de pesos. Además, 13% de los concursos de licitación pública e invitación restringida contaron con un solo participante.

Adjudicación directa

Por otro lado, el IRC alertó que el uso de adjudicaciones directas en las compras públicas federales se mantuvo durante el año pasado, ya que 41% (195,018 millones de pesos) del total de las compras públicas (473,391 millones de pesos) se gastó a través de este tipo de procedimiento.

Se precisó también que otro 4% del monto fue adjudicado a través de invitaciones restringidas.

Las justificaciones legales en 2021 más utilizadas por las instituciones a nivel federal para no licitar fueron las adquisiciones de bienes o servicios por montos pequeños (23%), la existencia de un solo proveedor o bien sin sustitutos (20%), las circunstancias que ponen en peligro la salud, la economía, la seguridad o el ambiente (14%) y las razones de fuerza mayor (12%).

Por otra parte, se destacó que en comparación con 2020, el año pasado las compras públicas a través de licitaciones abiertas crecieron, ya que 45% del monto total fue adjudicado a través de procesos competidos, lo que equivale a 214,000 millones de pesos y 17,000 contratos.